A morte de um trabalhador rural sem terra, ocorrida dia 21 em São Gabriel/RS confirma uma constatação que fiz aqui no Rio Grande do Sul: a violência e truculência da Polícia Militar, aqui chamada de Brigada Militar, na repressão de manifestações, ocupações e reintegrações de posse, seguida de uma manobra contra os movimentos sociais. Lembro que algo semelhante acontecia no Paraná há 10 anos atrás, quando a Polícia Militar do governo Lerner seguia a mesma cartilha. Nessa época, incentivados pela oficialidade do governo, pistoleiros eram contratados para proteger latifúndios, muitos improdutivos, se tornaram uma ameaça à paz e criaram um clima de instabilidade e medo no campo.
Quando o Requião assumiu o governo do Estado as coisas mudaram um pouco. Obviamente, o conflito agrário ainda continuou no Paraná, com a diferença que Requião parece estar do outro lado da cerca. Já os ruralista, órfãos da oficialidade do governo, parecem radicalizar suas "medidas de proteção". O fato é que o governador Requião protela ao máximo o envio da polícia para cumprimento de ordens de reintegração de posse, e quando a desocupação acontece, ao menos parece ocorrer de forma pacífica. Segundo Requião, a intenção é negociar até o limite. A postura oficial da Secretaria da Segurança é de evitar o conflito agrário, procurando dialogar com representantes do MST e ruralistas. Evidentemente, os ruralistas e suas associações de classes acham que Requião está do lado do MST e Via Campesina.
O relatório da Anistia Internacional confirma a constatação da violência da Polícia no RS e das milícias no PR, apontando ainda o conflito no Pará:
En el estado de Rio Grande do Sul, algunos fiscales y la policía militar elaboraron un expediente que incluía numerosas denuncias contra miembros del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST), y que esta organización describió como un intento de restringir sus actividades y criminalizar a sus miembros. El expediente, que contenía denuncias de vínculos del MST con grupos terroristas internacionales, se utilizó para respaldar en los tribunales peticiones de órdenes de desalojo, ejecutadas en algunos casos por la policía haciendo uso excesivo de la fuerza.
En el estado de Paraná, milicias ilegales armadas vinculadas con terratenientes siguieron atacando a campesinos sin tierra.
El 8 de marzo, 15 hombres armados irrumpieron en un asentamiento de 35 familias en Terra Livre, Ortigueira, y amenazaron a niños, golpearon a hombres y mujeres y quemaron sus pertenencias.
Posteriormente se detuvo a siete de los atacantes. Tres semanas después, dos hombres encapuchados mataron a tiros a Eli Dallemore, máximo representante del MST en Terra Livre, en presencia de su esposa y sus hijos.
El 8 de mayo, cerca de Cascavel, unos hombres armados, tras irrumpir en un asentamiento de 150 familias con tractores, excavadoras y un camión blindado, efectuaron disparos y destruyeron las cosechas, una escuela y una iglesia. Antes de ser reducidos, intercambiaron disparos con la policía. Se detuvo a 10 personas en relación con el ataque.
El estado de Pará siguió registrando el mayor número de amenazas y homicidios contra activistas que defendían el derecho a la tierra. Apenas ningún responsable compareció ante la justicia.
En mayo, el nuevo juicio contra Vitalmiro Bastos de Moura por el homicidio de la hermana Dorothy Stang, activista medioambiental y defensora del derecho a la tierra, ocurrido en febrero de 2005, concluyó con la absolución y la puesta en libertad del acusado. En un juicio anterior, tras ser declarado culpable, Vitalmiro Bastos de Moura había sido condenado a 30 años de cárcel. La absolución fue muy criticada, por ejemplo, por el presidente Lula y otras autoridades gubernamentales. Al finalizar el año seguía pendiente de resolución un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público.
Quando o Requião assumiu o governo do Estado as coisas mudaram um pouco. Obviamente, o conflito agrário ainda continuou no Paraná, com a diferença que Requião parece estar do outro lado da cerca. Já os ruralista, órfãos da oficialidade do governo, parecem radicalizar suas "medidas de proteção". O fato é que o governador Requião protela ao máximo o envio da polícia para cumprimento de ordens de reintegração de posse, e quando a desocupação acontece, ao menos parece ocorrer de forma pacífica. Segundo Requião, a intenção é negociar até o limite. A postura oficial da Secretaria da Segurança é de evitar o conflito agrário, procurando dialogar com representantes do MST e ruralistas. Evidentemente, os ruralistas e suas associações de classes acham que Requião está do lado do MST e Via Campesina.
O relatório da Anistia Internacional confirma a constatação da violência da Polícia no RS e das milícias no PR, apontando ainda o conflito no Pará:
En el estado de Rio Grande do Sul, algunos fiscales y la policía militar elaboraron un expediente que incluía numerosas denuncias contra miembros del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST), y que esta organización describió como un intento de restringir sus actividades y criminalizar a sus miembros. El expediente, que contenía denuncias de vínculos del MST con grupos terroristas internacionales, se utilizó para respaldar en los tribunales peticiones de órdenes de desalojo, ejecutadas en algunos casos por la policía haciendo uso excesivo de la fuerza.
En el estado de Paraná, milicias ilegales armadas vinculadas con terratenientes siguieron atacando a campesinos sin tierra.
El 8 de marzo, 15 hombres armados irrumpieron en un asentamiento de 35 familias en Terra Livre, Ortigueira, y amenazaron a niños, golpearon a hombres y mujeres y quemaron sus pertenencias.
Posteriormente se detuvo a siete de los atacantes. Tres semanas después, dos hombres encapuchados mataron a tiros a Eli Dallemore, máximo representante del MST en Terra Livre, en presencia de su esposa y sus hijos.
El 8 de mayo, cerca de Cascavel, unos hombres armados, tras irrumpir en un asentamiento de 150 familias con tractores, excavadoras y un camión blindado, efectuaron disparos y destruyeron las cosechas, una escuela y una iglesia. Antes de ser reducidos, intercambiaron disparos con la policía. Se detuvo a 10 personas en relación con el ataque.
El estado de Pará siguió registrando el mayor número de amenazas y homicidios contra activistas que defendían el derecho a la tierra. Apenas ningún responsable compareció ante la justicia.
En mayo, el nuevo juicio contra Vitalmiro Bastos de Moura por el homicidio de la hermana Dorothy Stang, activista medioambiental y defensora del derecho a la tierra, ocurrido en febrero de 2005, concluyó con la absolución y la puesta en libertad del acusado. En un juicio anterior, tras ser declarado culpable, Vitalmiro Bastos de Moura había sido condenado a 30 años de cárcel. La absolución fue muy criticada, por ejemplo, por el presidente Lula y otras autoridades gubernamentales. Al finalizar el año seguía pendiente de resolución un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público.
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